Colombia dio un paso clave en su política energética con la expedición del Decreto 0393 del 10 de abril de 2026, una medida que abre oficialmente la puerta al almacenamiento de energía y establece nuevas bases para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. La decisión marca un cambio estructural que busca fortalecer la confiabilidad del servicio, facilitar la integración de energías renovables y modernizar el mercado energético del país.
La nueva normativa establece un marco regulatorio que permite integrar los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) tanto en el Sistema Interconectado Nacional como en las Zonas No Interconectadas. Esto significa que Colombia podrá almacenar electricidad en momentos de baja demanda para utilizarla en picos de consumo, algo que hasta ahora no estaba claramente definido en la regulación.
Este avance responde a una necesidad creciente: la transformación de la matriz energética hacia fuentes renovables como la solar y la eólica, cuya producción es variable. Con el almacenamiento, el país podrá gestionar mejor esa intermitencia y garantizar un suministro más estable.
El almacenamiento de energía permite conservar electricidad para usarla cuando se necesite, lo que resulta fundamental en sistemas modernos que dependen de fuentes limpias. Estas tecnologías, como baterías o sistemas electroquímicos, ayudan a equilibrar la oferta y la demanda en tiempo real.
En este contexto, el Gobierno colombiano considera que el almacenamiento será un eje central para avanzar en la transición energética. Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, esta regulación marca “un antes y un después” en la forma en que se gestiona la energía en el país, al permitir incorporar nuevas tecnologías que aumentan la confiabilidad del sistema.
Uno de los cambios más relevantes es que los sistemas de almacenamiento dejarán de ser un elemento complementario para convertirse en actores activos del mercado eléctrico. Esto implica que podrán participar directamente en la operación del sistema y ofrecer servicios esenciales como:
Con ello, el país busca optimizar la operación del sistema y reducir riesgos ante eventos como sequías o variaciones climáticas, que afectan especialmente a la generación hidroeléctrica.
El nuevo marco regulatorio también envía señales claras a los inversionistas. Al reconocer el almacenamiento como parte integral del sistema, se abre la puerta a proyectos tecnológicos, especialmente en baterías y soluciones híbridas que combinan generación y almacenamiento.
Esto se alinea con otras políticas recientes que buscan contratos de largo plazo e integración de energías limpias, con el objetivo de reducir la volatilidad de precios y fortalecer la seguridad energética.
Aunque el decreto establece las bases generales, aún queda un aspecto clave por resolver: la forma en que estos sistemas serán remunerados y operados en el mercado. Esta tarea recaerá en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que deberá definir los criterios técnicos y económicos para su implementación efectiva.
La medida llega en un contexto en el que el sistema eléctrico colombiano enfrenta retos importantes, como la necesidad de garantizar suministro en escenarios de alta demanda o fenómenos climáticos extremos. En ese sentido, el almacenamiento aparece como una herramienta estratégica para reducir vulnerabilidades y mejorar la resiliencia del sistema.
Sin embargo, expertos coinciden en que el éxito de esta transformación dependerá de la rapidez con la que se definan las reglas del mercado, se ejecuten los proyectos y se logre atraer inversión suficiente para materializar estos cambios.
La incorporación del almacenamiento de energía en la regulación colombiana representa un avance decisivo hacia un sistema eléctrico más moderno, flexible y sostenible. Con esta medida, el país no solo se alinea con tendencias globales, sino que sienta las bases para enfrentar los desafíos energéticos del futuro, donde la confiabilidad y la transición hacia energías limpias serán factores determinantes.